lunes, 19 de diciembre de 2011

Derechos de los adultos mayores

Jueves 17 de febrero de 2011 | Publicado en edición impresaJorge Argüello

Para LA NACION

Retrato global de la vejez


La evolución de los grandes instrumentos legales internacionales de protección y promoción de los derechos humanos parece haber seguido el camino inverso al orden de vulnerabilidad que imaginamos siempre para naufragios o catástrofes: primero fueron los hombres, luego las mujeres y, por último, los niños. Ha llegado la hora de pensar, también, en los adultos mayores.

La Asamblea General de las Naciones Unidas creó en diciembre un grupo de trabajo abierto a todos sus miembros para promover la protección y promoción de los derechos humanos de las personas de edad, y considerar de paso la viabilidad de nuevos instrumentos legales, entre ellos, una convención internacional específica para ese grupo etario.

La Argentina -por su compromiso con el tema- quedó al frente del grupo de trabajo, que actuará sin plazos establecidos, pero que ofrece la instancia internacional más alta que haya tenido el debate sobre los derechos de la tercera edad. Fue la región latinoamericana, con el Mercosur a la cabeza, la que impulsó esta iniciativa, que recibió el apoyo del Grupo de los 77 + China, el bloque de países en desarrollo más importante de la ONU, que hoy preside la Argentina. Estas deliberaciones suponen un primer paso concreto hacia la negociación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante, como una convención, desde que en la III Sesión de la ONU en 1948 se aprobó la Declaración sobre los Derechos de la Ancianidad, a partir de la iniciativa del gobierno argentino.

Hoy en día, tanto en los países en desarrollo como en los de altos ingresos, millones de personas adultas mayores ven negados sus derechos: experimentan aislamiento, pobreza, discriminación, violencia y abuso, y tienen acceso limitado a servicios sociales y de salud, pero, además, a la más simple información y protección legal.

El mundo carece por ahora de un instrumento legal vinculante para estandarizar y proteger los derechos de estas personas, para establecer mecanismos y organismos que los garanticen.

El envejecimiento de la población mundial es un fenómeno sin precedente, que continuará. Durante el siglo XX, la tasa de adultos mayores se ha incrementado y se espera que la tendencia se mantenga durante el siglo XXI. En 2010, el 10% de la población tenía 60 años o más. Para 2025 la tasa proyectada es de 15,1% y para 2050, de 25,5.

En 2010, en América latina y el Caribe el 10% de la población tenía 60 años o más, comparado con un 6,5% en 1975. Nuestra región envejece inexorablemente. En términos absolutos, entre 2000 y 2025, unos 57 millones de personas habrán llegado a ese grupo etario, que hoy integran 41 millones. La tasa de personas de 60 años o más se habrá cuadruplicado entre 2000 y 2050.

La discriminación por razones de edad, la negligencia, el abuso y la violencia contra los adultos mayores representan algunas de las más graves violaciones de los derechos humanos. La situación se ve agravada por un fenómeno adicional: la "invisibilidad" de la población con más de 60, 70 u 80 años en muchos países, según estas personas van quedando fuera de la dinámica económica y social, especialmente cuando viven en instituciones geriátricas. Los derechos de los adultos mayores están hoy protegidos indirectamente por instrumentos como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o la de Trabajadores Migrantes y sus Familias. Pero eso no parece suficiente protección.

Cada país tiene la responsabilidad primaria de proteger y respetar cabalmente los derechos de sus habitantes y esto no se puede delegar.

Pero los Estados no pueden tener éxito solos o aislados. Ahí donde los esfuerzos nacionales han probado ser insuficientes, una convención internacional tiene la capacidad de reinventar las "reglas del juego".

Comenzar a debatir sobre una futura convención movilizará la conciencia internacional sobre este grupo de personas y permitirá revisar paradigmas dados por correctos que podría tomar años cambiar a nivel nacional. Cuando lleguemos a ella, una convención no sólo permitirá a los ciudadanos mayores recurrir a la Justicia en defensa de sus derechos, sino que además creará un nuevo paradigma no discriminatorio que guíe las políticas de Estado.

Otras convenciones de las más recientes en la historia de la ONU, como la de Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, o la de los Derechos del Niño, han demostrado ser eficientes herramientas de protección y promoción de los derechos humanos, han generado cambios sociales significativos y positivos, y han hecho repensar y cambiar paradigmas anticuados e ineficientes.

Es, definitivamente, el turno de nuestros adultos mayores. Es su derecho y es nuestra obligación.

© La Nacion.

El autor es embajador argentino en las Naciones Unidas.